Académicos, investigadores y trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) exigieron su pago de sus prestaciones de fin de año y demandar auditorías a la administración universitaria.

Desde el inicio de la semana, con el regreso a clases, han realizado manifestaciones, tanto en rectoría como en otros espacios públicos, para insistir en la garantía de sus derechos laborales.

Este miércoles, un grupo con integrantes de las secciones 30 y 31 del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Nayarit (SPAUAN) se sumaron a las protestas exigiendo claridad con las medidas financieras tomadas por la rectoría.

Señalan que a pesar de las medidas de austeridad que contempló el recorte de derechos laborales, que implicaría ahorros, anunciados por la rectora Norma Galván, no se ven reflejados ante la falta de pagos de aguinaldos, por ejemplo.

Las y los docentes, administrativos y operativos, reclaman el pago de más de 400 millones de pesos para al menos 6 mil personas, que no recibieron el pago de los compromisos de fin de año que consideran conquistas laborales.

Mientras esta nueva protesta ocurre, la rectoría universitaria lanzó un comunicado en el que señala que serán liberados los recursos de la primera quincena de enero, pero no dio fecha y tampoco determinó cuándo pagarán el aguinaldo y los otros adeudos a sus trabajadores.

“Comunidad universitaria, recibimos la notificación por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI), indicando que se contará con los recursos para hacer el pago correspondiente a la primera quincena de enero en tiempo y forma. Se nos informa que respecto a los compromisos pendientes, continúan las gestiones para efectuar los pagos la próxima semana.”, dice el documento sin la firma de la rectora.

A finales del 2023, la rectora Norma Galván Meza, afirmó que la solicitud de recursos extraordinarios será por el orden de los 474 millones de pesos; además, dijo que se cumplieron con todos los compromisos que les exigió el Gobierno Federal para liberar estos recursos.

Entre otras cosas, destacó, la universidad se comprometió a eliminar la prestación de servicios educativos que no estuvieran relacionadas con la educación superior.

Ello en referencia a la desaparición del CENDI, primaria y secundaria Mártires del 20 de febrero, donde la UAN tenía comisionado a personal; aunque desaparecieron los servicios —bajo el discurso del ahorro— las y los trabajadores fueron colocados en distintas áreas y unidades académicas, bajo el mismo salario.

El 29 de septiembre del 2023, también la rectoría anunció un recorte del 26% —de 449 empleados— de su nómina directiva a partir de la segunda quincena del mes de octubre, también como medida de austeridad.

Hasta el momento, la actual administración no ha dado a conocer el monto de lo que ha ahorrado con todas las medidas impuestas.

En 2022, el recurso extraordinario para cubrir los compromisos de fin de año de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), el convenio firmado con la SEP, advertía que aportaría 225 millones de pesos, y el gobierno estatal, 20 millones de pesos.

La UAN se comprometió con plazo al 30 de mayo de 2023, a eliminar el pago por concepto de marcha para personal activo y jubilado; eliminar del Contrato Colectivo de Trabajo, el pago por servicios funerales; también eliminar el pago de apoyo para docentes fallecidos, entre otros.

Pero para recibir ese recurso también se comprometió a que matricularía a 27 alumnos por docente, y disminuir 5% el costo de la nómina por estímulos al desempeño docente; además de eliminar el fondo de ahorro para el personal administrativo y manual.

También se comprometió a eliminar el bono de previsión social de vida cara, y otros que aparentemente le dejarían un ahorro de 232

En 2021, el plan de austeridad que presentó la UAN, bajo la rectoría de Jorge Ignacio Peña, afirmó que el ahorro significaría al menos 74 millones 236 mil 160 pesos.

Para llegar a ello, hubo la disminución del 33% del subsidio a la cuota obrera del IMSS por parte de la universidad, que representaría más de 15 millones de pesos.

Además, la reducción del 10% de ISR por sueldos y salarios, que era superior a 52 millones; también, la disminución de gastos relacionados con alimentos y bebidas por 1 millón 340 mil; y gastos de combustible más de 699 mil pesos.

También, preveían entonces, la disminución de gastos asociados a hospedaje, transporte y alimentación, por el orden de los 602 mil pesos; y 3 millones 258 mil 480 pesos por eliminación de papelería, servicios de telefonía, congresos y otros.