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Nacional

Ministros de la Suprema corte invalidan el ‘Plan B’ del presidente López Obrador

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el ‘Plan B’ de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Con 9 votos a favor, incluidos los de la ministra presidenta Norma Piña y Arturo Saldívar, y dos en contra (de las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz), se echó para atrás la reforma propuesta por el Ejecutivo federal debido a que se violó el proceso legislativo para aprobarse una modificación de esta magnitud. 

Este proyecto fue analizado y presentado por el ministro Javier Laynez, mismo que ha sido criticado. 

CRÓNICA DE LA VOTACIÓN 

Por la vigencia del Plan B votaron las ministras Loretta Ortiz y Jazmín Esquivel, las dos abiertamente afines al presidente Andrés Manuel López y su proyecto político de nación.

Contrario a lo que se esperaba, Arturo Zaldívar votó con la mayoría por la invalidez total de la reforma. Dijo que lo hace por convicción y congruencia, pues en temas similares ha votado en forma similar desde 2010.

La ministra Esquivel, en un duro posicionamiento que leyó, acusó que la SCJN pretende invalidar la reforma con un mero “examen superficial”, sin entrar al análisis del fondo del asunto, lo que le resta credibilidad al Tribunal Constitucional.

“Me parece que simplemente elegirnos como gestores de las buenas prácticas parlamentarias es una aportación limitada para lo que la Constitución nos exige que es la de poner fin a los conflictos”, dijo la ministra.

Hoy vamos a emitir una resolución sin resolver el fondo del problema al invalidar por vicios de forma más de 450 normas sin siquiera mencionar o al menos analizar si cada uno de los artículos está pegado o no a la constitución”, agregó.

La respuesta fue inmediata por parte de los ministros Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayan y Juan Luis González, quienes advirtieron que la invalidez de la reforma por vicios en el proceso parlamentario, no es un tema superficial.

Pérez Dayan dijo que no renuncia a su deber de examinar la constitucionalidad de cualquier disposición legal, mientras pueda asegurar que, para llegar a ello, esté convencido de que se hizo lo necesario para que eso que se dice ley sea ley.

“Si no es ley, no tengo por qué estudiar ningún fondo, no son simples formas, lo aclaro, son las reglas de la democracia constitucional establecidas en un documento supremo, para dar validez al orden jurídico nacional”, aseguró.

Mientras que el ministro Luis María Aguilar, aseguró que toda norma debe estar sujeta al mandato popular y todos debemos estar sujetos al mandato de la Constitución.

Dijo que cada uno de los elementos que conforman el procedimiento parlamentario de creación de leyes, confluyen en una finalidad común que es garantizar que el Congreso emita las leyes más justas, más democráticas y que representen en mayor medida el sentir del pueblo de México.

“No respetar las reglas del procedimiento legislativo, es una deslealtad constitucional y un desdén a las minorías parlamentarias que representan a un sector importante del pueblo de México”, indicó.

En la sesión se avalaron los efectos de la decisión consistentes en que se mantendría vigente la ley que regía hasta antes de la entrada en vigor del decreto invalidado, leyes que, además, ya no podrían ser modificadas hasta concluido el proceso electoral 2023-2024.

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Justicia

Fiscalía anticorrupción como arma política: Valenzuela y el silencio cómplice de la gobernadora

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Mientras la Federación advierte posibles sanciones, el gobierno de Chihuahua guarda silencio y respalda de facto a un fiscal acusado de fabricar delitos.

Un nuevo foco de tensión institucional se ha desatado entre la Fiscalía General de la República, a través de su recién nombrado Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, y la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín.

  • La disputa se centra en la entrega de la carpeta de investigación vinculada a presuntos actos de corrupción contra el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.

Implicaciones legales y políticas: El choque entre ambas fiscalías no solo tiene aristas jurídicas, sino también políticas.

  • El affaire ha generado cuestionamientos sobre la independencia de las instituciones judiciales y la posible politización de las indagatorias.
  • Para algunos analistas, la reticencia del fiscal estatal de Chihuahua a entregar la carpeta podría derivar no solo de interpretaciones legales, sino también en hacerse acreedor a sanciones de alto impacto, que irían desde multas, arresto o incluso el riesgo de ser destituido de su encargo, por desacato judicial.
  • Las decisiones de los tribunales en relación con la atracción del caso deberán ser observadas con atención, pues podrían sentar precedentes sobre la coordinación y límites competenciales entre autoridades estatales y la Fiscalía General de la República en investigaciones por corrupción.
  • Pero también, en el foco de una administración panista cubierta de opacidad y despilfarro por parte de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
  • Al momento de esta publicación, la carpeta de investigación permanece bajo controversia entre la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y la FGR, mientras se esperan resoluciones legales y posibles sanciones contra Valenzuela Holguín por desacato y un sin número de anomalías presentadas en la investigación de la Fiscalía de Chihuahua.

La disputa: Según fuentes del caso, radicadas en Chihuahua, un Tribunal Colegiado de Circuito otorgó la atracción de la carpeta de investigación.

  • La atracción implica que la Fiscalía General de la República tendría la facultad de asumir la investigación del expediente por posibles vicios y elementos que podrían comprometer la legalidad y objetividad de las actuaciones locales.
  • Ha sido reiterado en denuncias en medios de la CDMX la fabricación de testigos, la manipulación de testigos y acusaciones sin sustento de las que la Fiscalía a cargo de Valenzuela Holguín ha sido evidenciado.
  • Sin embargo, Abelardo Valenzuela Holguín se ha negado a entregar la carpeta, pasando por encima de autoridades Federales.

Contexto institucional: Recientemente, Ulises Lara López fue designado por la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, como Titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, lo que lo coloca como actor clave en la disputa por la atracción de la carpeta investigativa.

  • Este nombramiento es estratégico dentro de la FGR, pues tiene a su cargo la atención de casos de alta complejidad y relevancia nacional, así como la resolución de controversias competenciales entre fiscalías especializadas federales.
  • La posición a Valenzuela Holguín parece no importarle, ya que ha mostrado una cerrazón total, aun bajo al mandato judicial de la Federación.

Con información de Zone Free

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Nacional

SE CAE EL MONTAJE JUDICIAL DEL GOBIERNO DE CHIHUAHUA CONTRA CORRAL

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La justicia federal interviene luego de que autoridades locales bloquearan pruebas y restringieran derechos fundamentales de la defensa.

Un Tribunal federal ordenó a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y a un Juez de Control desistirse del presunto caso de peculado contra Javier Corral y remitir los expedientes a la Fiscalía General de la República, que solicitó la facultad de atracción.

  • La resolución permitirá que las autoridades federales analicen las pruebas y alegatos de las partes para resolver conforme a Derecho, lo cual no sucedió en el ámbito local.
  • El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, fabricó un caso de supuesto pueculado en contra de Javier Corral, por instrucciones de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, con relación al refinanciamiento de la deuda pública en 2019.

El despacho Schütte y Delsol Abogados, que lleva la defensa jurídica del senador Javier Corral, emitió el siguiente comunicado para informar de la situación del caso:

  • En relación con la persecución política del Senador Javier Corral, informamos que el día de hoy, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, resolvió el conflicto competencial 20/2025, declarando la competencia del fuero federal para conocer del supuesto delito de peculado imputado a Javier Corral y otros.
  • Esto ocurrió después de que esta defensa solicitara a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer su facultad de atracción en el asunto.
  • La solicitud se sustentó en diversos y sólidos fundamentos legales, pero sobre todo, en que los fines constitucionales del proceso penal, y los derechos de las víctimas y la sociedad a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño, no se iban a cumplir en Chihuahua, en donde ni siquiera se había permitido a los imputados presentar pruebas y argumentos.
  • La competencia federal se buscó para tener un tribunal que los escuche, para que una autoridad les permita defenderse, y para que el asunto se resuelva conforme a Derecho.
  • La FGR determinó ejercer la facultad de atracción y dos jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación también consideraron que la competencia era federal.
  • Después de muchas horas de audiencias, alegatos y pruebas de las partes, se ordenó a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y al Juez de Control local desistirse del conocimiento del asunto y remitir los expedientes.
  • Hoy el Tribunal Colegiado confirma este criterio.
  • Ahora las autoridades federales estarán en condiciones de analizar las pruebas y alegatos de las partes para resolver conforme a Derecho.
  • Confiamos en que constatarán la absoluta inocencia de Javier Corral frente a las injustas acusaciones de las autoridades de Chihuahua, y que esto será también la base para desenmascarar la brutal fabricación de un delito a quien encabezó uno de los mayores esfuerzos en el país en contra de la corrupción política, como lo hemos denunciado ante la propia FGR, que al día de hoy investiga las múltiples violaciones legales y de derechos humanos cometidas por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y otros funcionarios estatales.

Con información de “zonafree.mx”

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Justicia

Denuncias internas señalan imposición y violencia en la dirigencia de la CROC

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Conflictos internos en la CROC se han intensificado tras denuncias que acusan a Isaías González Cuevas de actuar con imposición y recurrir a la violencia en contra de instalaciones sindicales en distintos estados.

Según las versiones difundidas por sectores internos, las acciones habrían tenido lugar en entidades estratégicas como Veracruz, Nuevo León y Jalisco, donde se reportaron intervenciones directas que ignoraron los procedimientos estatutarios. Los denunciantes sostienen que estas prácticas rompieron con la vida democrática del sindicato.

Analistas laborales señalan que el uso de la fuerza dentro de organizaciones sindicales representa una señal de deterioro institucional, ya que sustituye el diálogo y los mecanismos internos por prácticas coercitivas. Este escenario, advierten, genera fracturas profundas difíciles de revertir.

Las denuncias también destacan que la imposición de decisiones habría sido constante, provocando el desplazamiento de liderazgos locales y el desconocimiento de acuerdos internos.

El conflicto ha derivado en exigencias de destitución y en llamados a restablecer el respeto a los estatutos y a la legalidad sindical.

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