Nacional
Diputados avalan en comisiones reforma para frenar el nepotismo y la reelección inmediata
Con el voto a favor de todos los diputados de los partidos políticos, en sesión extraordinaria de las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral, avanzó la reforma que prohíbe el nepotismo electoral y la reelección consecutiva, propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pese a que los diputados del PAN votaron a favor, exigieron incluir en la discusión las iniciativas que han propuesto para acabar de fondo con el nepotismo político y gubernamental; en tanto, los partidos PRI y MC también exigieron cambios de fondo en la discusión, sobre todo demandaron incluir la no sobre representación en los congresos.
La Cámara de Diputados avaló por unanimidad con 38 votos a favor de la comisión de Puntos Constitucionales y 24 de la Comisión de Reforma Electoral, el dictamen que modifica la ley para prohibir el nepotismo electoral y la reelección consecutiva.
La reforma busca modificar los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución, para establecer que la no reelección aplicará para las personas que hayan obtenido un cargo de elección popular, por lo que no podrán contender para el mismo cargo que están ejerciendo en un periodo inmediato posterior.
La prohibición de reelección de las personas servidoras públicas serían aplicables a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales, a celebrarse en 2030.
En cuanto al nepotismo electoral, se propone como un requisito de idoneidad que las personas que busquen participar para un cargo de elección popular no tengan o hayan tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección, un vínculo de matrimonio, concubinato o relación de pareja.
Así como parentesco consanguíneo o civil en la línea recta sin limitación de grado, y en la línea colateral hasta el cuarto grado, o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que ocupa el cargo por el cual participarán. Dichas disposiciones serán aplicables a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales, a celebrarse en 2030.
Al inicio de la sesión la diputada Paulina Rubio solicitó ante ambas comisiones considerar dentro del dictamen las iniciativas que el PAN presentó antes de esta reforma la del 2022 y desechada en el 2023, que era sobre el nepotismo, así también la actual presentada el día 16 de octubre de 2024 y que se encuentra alojada en la gaceta parlamentaria, de la misma manera la que presentó el PAN como grupo parlamentario en el mes de febrero de este año firmada por el coordinador Elías Lixa.
Durante las rondas de participación, la diputada Noemí Luna Ayala del PAN reconoció el interés de la jefa del Ejecutivo para erradicar este problema tan grave que aqueja a los tres Poderes de la Unión y a los tres órdenes de gobierno, como es el nepotismo, aunque esta se queda corta.
“Tenemos la oportunidad para hacerlo en serio, porque como lo han dicho ya asociaciones civiles la iniciativa de la presidenta se limita a la sucesión directa en el cargo, pero deja intacta las redes familiares en el poder más que una solución real es una medida discursiva sin impacto realmente en la corrupción”.
Señaló que el PAN propone ampliar el catálogo en donde no pueda postularse a la presidencia de la República ningún pariente directo del presidente en turno hasta que hayan pasado al menos 10 años.
“’Es el reto Andy’ que no permitamos que sean familia las que sigan empoderarse como si esta nación fuera una monarquía y no una democracia”, sostuvo.
En cuanto a Movimiento Ciudadano habló Iraís Reyes, recordó que el voto será a favor de la reforma en lo general, ante la importancia de dignificar la actividad política a través del principio ético de que los cargos no se hereden, para contribuir a restaurar la confianza de la ciudadanía en sus representantes y en la política.
Dijo que la minuta del Senado contraviene la propuesta de la Presidenta y toma como entrada en vigor el 2030, esto luego de que Adán Augusto López y Manuel Velasco, junto al PRI modificaron la propuesta original de la Presidenta para que la ley entrara en vigor en 2027.
“Yo les pregunto compañeros, especialmente de Morena, si están en contra del nepotismo, más allá del discurso, por qué no respaldan la propuesta de la presidenta en sus términos originales para que nos aplique desde ya, desde el 2027”.
La diputada Gabriela Jiménez Godoy, de Morena, advirtió que defenderán la reforma que envió la presidenta y que tras llegar acuerdos con diferentes grupos parlamentarios, no van a regresar el dictamen al Senado, porque no cuentan con los votos y con los números suficientes para que pueda hacerse realidad el cambio, “le digo a la presidenta a Claudia Sheinbaum que la apoyamos que la respaldamos”.
Justicia
Fiscalía anticorrupción como arma política: Valenzuela y el silencio cómplice de la gobernadora
Mientras la Federación advierte posibles sanciones, el gobierno de Chihuahua guarda silencio y respalda de facto a un fiscal acusado de fabricar delitos.
Un nuevo foco de tensión institucional se ha desatado entre la Fiscalía General de la República, a través de su recién nombrado Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, y la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín.
- La disputa se centra en la entrega de la carpeta de investigación vinculada a presuntos actos de corrupción contra el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.
Implicaciones legales y políticas: El choque entre ambas fiscalías no solo tiene aristas jurídicas, sino también políticas.
- El affaire ha generado cuestionamientos sobre la independencia de las instituciones judiciales y la posible politización de las indagatorias.
- Para algunos analistas, la reticencia del fiscal estatal de Chihuahua a entregar la carpeta podría derivar no solo de interpretaciones legales, sino también en hacerse acreedor a sanciones de alto impacto, que irían desde multas, arresto o incluso el riesgo de ser destituido de su encargo, por desacato judicial.
- Las decisiones de los tribunales en relación con la atracción del caso deberán ser observadas con atención, pues podrían sentar precedentes sobre la coordinación y límites competenciales entre autoridades estatales y la Fiscalía General de la República en investigaciones por corrupción.
- Pero también, en el foco de una administración panista cubierta de opacidad y despilfarro por parte de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
- Al momento de esta publicación, la carpeta de investigación permanece bajo controversia entre la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y la FGR, mientras se esperan resoluciones legales y posibles sanciones contra Valenzuela Holguín por desacato y un sin número de anomalías presentadas en la investigación de la Fiscalía de Chihuahua.
La disputa: Según fuentes del caso, radicadas en Chihuahua, un Tribunal Colegiado de Circuito otorgó la atracción de la carpeta de investigación.
- La atracción implica que la Fiscalía General de la República tendría la facultad de asumir la investigación del expediente por posibles vicios y elementos que podrían comprometer la legalidad y objetividad de las actuaciones locales.
- Ha sido reiterado en denuncias en medios de la CDMX la fabricación de testigos, la manipulación de testigos y acusaciones sin sustento de las que la Fiscalía a cargo de Valenzuela Holguín ha sido evidenciado.
- Sin embargo, Abelardo Valenzuela Holguín se ha negado a entregar la carpeta, pasando por encima de autoridades Federales.
Contexto institucional: Recientemente, Ulises Lara López fue designado por la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, como Titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, lo que lo coloca como actor clave en la disputa por la atracción de la carpeta investigativa.
- Este nombramiento es estratégico dentro de la FGR, pues tiene a su cargo la atención de casos de alta complejidad y relevancia nacional, así como la resolución de controversias competenciales entre fiscalías especializadas federales.
- La posición a Valenzuela Holguín parece no importarle, ya que ha mostrado una cerrazón total, aun bajo al mandato judicial de la Federación.
Con información de Zone Free
Nacional
SE CAE EL MONTAJE JUDICIAL DEL GOBIERNO DE CHIHUAHUA CONTRA CORRAL
La justicia federal interviene luego de que autoridades locales bloquearan pruebas y restringieran derechos fundamentales de la defensa.
Un Tribunal federal ordenó a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y a un Juez de Control desistirse del presunto caso de peculado contra Javier Corral y remitir los expedientes a la Fiscalía General de la República, que solicitó la facultad de atracción.
- La resolución permitirá que las autoridades federales analicen las pruebas y alegatos de las partes para resolver conforme a Derecho, lo cual no sucedió en el ámbito local.
- El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, fabricó un caso de supuesto pueculado en contra de Javier Corral, por instrucciones de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, con relación al refinanciamiento de la deuda pública en 2019.
El despacho Schütte y Delsol Abogados, que lleva la defensa jurídica del senador Javier Corral, emitió el siguiente comunicado para informar de la situación del caso:
- En relación con la persecución política del Senador Javier Corral, informamos que el día de hoy, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, resolvió el conflicto competencial 20/2025, declarando la competencia del fuero federal para conocer del supuesto delito de peculado imputado a Javier Corral y otros.
- Esto ocurrió después de que esta defensa solicitara a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer su facultad de atracción en el asunto.
- La solicitud se sustentó en diversos y sólidos fundamentos legales, pero sobre todo, en que los fines constitucionales del proceso penal, y los derechos de las víctimas y la sociedad a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño, no se iban a cumplir en Chihuahua, en donde ni siquiera se había permitido a los imputados presentar pruebas y argumentos.
- La competencia federal se buscó para tener un tribunal que los escuche, para que una autoridad les permita defenderse, y para que el asunto se resuelva conforme a Derecho.
- La FGR determinó ejercer la facultad de atracción y dos jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación también consideraron que la competencia era federal.
- Después de muchas horas de audiencias, alegatos y pruebas de las partes, se ordenó a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y al Juez de Control local desistirse del conocimiento del asunto y remitir los expedientes.
- Hoy el Tribunal Colegiado confirma este criterio.
- Ahora las autoridades federales estarán en condiciones de analizar las pruebas y alegatos de las partes para resolver conforme a Derecho.
- Confiamos en que constatarán la absoluta inocencia de Javier Corral frente a las injustas acusaciones de las autoridades de Chihuahua, y que esto será también la base para desenmascarar la brutal fabricación de un delito a quien encabezó uno de los mayores esfuerzos en el país en contra de la corrupción política, como lo hemos denunciado ante la propia FGR, que al día de hoy investiga las múltiples violaciones legales y de derechos humanos cometidas por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y otros funcionarios estatales.
Con información de “zonafree.mx”
Justicia
Denuncias internas señalan imposición y violencia en la dirigencia de la CROC
Conflictos internos en la CROC se han intensificado tras denuncias que acusan a Isaías González Cuevas de actuar con imposición y recurrir a la violencia en contra de instalaciones sindicales en distintos estados.
Según las versiones difundidas por sectores internos, las acciones habrían tenido lugar en entidades estratégicas como Veracruz, Nuevo León y Jalisco, donde se reportaron intervenciones directas que ignoraron los procedimientos estatutarios. Los denunciantes sostienen que estas prácticas rompieron con la vida democrática del sindicato.
Analistas laborales señalan que el uso de la fuerza dentro de organizaciones sindicales representa una señal de deterioro institucional, ya que sustituye el diálogo y los mecanismos internos por prácticas coercitivas. Este escenario, advierten, genera fracturas profundas difíciles de revertir.
Las denuncias también destacan que la imposición de decisiones habría sido constante, provocando el desplazamiento de liderazgos locales y el desconocimiento de acuerdos internos.
El conflicto ha derivado en exigencias de destitución y en llamados a restablecer el respeto a los estatutos y a la legalidad sindical.
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