Nacional
Debaten en San Lázaro extinción de fideicomisos del Poder Judicial
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados discutirá este martes a las 13:00 horas la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, cuyos recursos ascienden a 15 mil millones de pesos.
La reforma impulsada por el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco, propone desaparecer todos los fideicomisos que no tengan sustento en la Ley Orgánica del Poder Judicial, es decir, que sólo se salvaría de la extinción el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia.
Para concretar el recorte, siete leyes serían reformadas y los recursos de los fideicomisos extintos tendrán que ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, 180 días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para darles “un mejor uso en beneficio de la nación”, de acuerdo con Mier Velazco.
Al corte del 30 de junio de 2023, los saldos de los fideicomisos que se proponen desaparecer son los siguientes: pensiones complementarias de mandos superiores 789 millones 397 mil 493 pesos; pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo 2 mil 972 millones 640 mil 326 pesos; plan de prestaciones médicas 145 millones 66 mil 123 pesos; manejo de producto de la venta de publicaciones, CD’s y otros proyectos 177 millones 831 mil 290 pesos: y remanentes presupuestales mil 386 millones 20 mil 861 pesos. Todos los fideicomisos corresponden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En el Consejo de la Judicatura Federal, el fideicomiso pensiones complementarias de magistrados y jueces tiene un saldo de 4 mil 722 millones 319 mil 850 pesos; fideicomiso para el mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces 76 millones 571 mil 294 pesos; fideicomiso de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial, con excepción de la SCJN, 69 millones 75 mil 827 pesos; y el fideicomiso para el desarrollo de infraestructura que implementa las Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Federal tiene 4 mil 308 millones 993 mil 45 pesos.
En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sólo desaparecía el fideicomiso de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la SCJN, que tiene un saldo de 15 millones 493 mil 63 mil pesos.
Previo a la discusión, Jorge Romero Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, dijo que el PAN votará en contra de la reforma si la extinción de los fideicomisos trastoca derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, sin embargo, dijo que si abona a eliminar privilegios de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se opondrán.
“El PAN no pretende defender súper bonos para ministras o ministros, el PAN no pretende defender viáticos infinitos, el PAN no pretende defender miles de asesores, no nos interesa, ya lo hemos dicho muchas veces, eso no lo defiende yo creo que ya nadie. Lo que nosotros pretendemos defender son los fideicomisos en donde la misma Suprema Corte de la Justicia o el Consejo de la Judicatura en su particularidad, menciona que son fideicomisos para cumplir con los derechos laborales de miles de personas, no de ministros”, expresó.
Justicia
Fiscalía anticorrupción como arma política: Valenzuela y el silencio cómplice de la gobernadora
Mientras la Federación advierte posibles sanciones, el gobierno de Chihuahua guarda silencio y respalda de facto a un fiscal acusado de fabricar delitos.
Un nuevo foco de tensión institucional se ha desatado entre la Fiscalía General de la República, a través de su recién nombrado Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, y la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín.
- La disputa se centra en la entrega de la carpeta de investigación vinculada a presuntos actos de corrupción contra el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.
Implicaciones legales y políticas: El choque entre ambas fiscalías no solo tiene aristas jurídicas, sino también políticas.
- El affaire ha generado cuestionamientos sobre la independencia de las instituciones judiciales y la posible politización de las indagatorias.
- Para algunos analistas, la reticencia del fiscal estatal de Chihuahua a entregar la carpeta podría derivar no solo de interpretaciones legales, sino también en hacerse acreedor a sanciones de alto impacto, que irían desde multas, arresto o incluso el riesgo de ser destituido de su encargo, por desacato judicial.
- Las decisiones de los tribunales en relación con la atracción del caso deberán ser observadas con atención, pues podrían sentar precedentes sobre la coordinación y límites competenciales entre autoridades estatales y la Fiscalía General de la República en investigaciones por corrupción.
- Pero también, en el foco de una administración panista cubierta de opacidad y despilfarro por parte de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
- Al momento de esta publicación, la carpeta de investigación permanece bajo controversia entre la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y la FGR, mientras se esperan resoluciones legales y posibles sanciones contra Valenzuela Holguín por desacato y un sin número de anomalías presentadas en la investigación de la Fiscalía de Chihuahua.
La disputa: Según fuentes del caso, radicadas en Chihuahua, un Tribunal Colegiado de Circuito otorgó la atracción de la carpeta de investigación.
- La atracción implica que la Fiscalía General de la República tendría la facultad de asumir la investigación del expediente por posibles vicios y elementos que podrían comprometer la legalidad y objetividad de las actuaciones locales.
- Ha sido reiterado en denuncias en medios de la CDMX la fabricación de testigos, la manipulación de testigos y acusaciones sin sustento de las que la Fiscalía a cargo de Valenzuela Holguín ha sido evidenciado.
- Sin embargo, Abelardo Valenzuela Holguín se ha negado a entregar la carpeta, pasando por encima de autoridades Federales.
Contexto institucional: Recientemente, Ulises Lara López fue designado por la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, como Titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, lo que lo coloca como actor clave en la disputa por la atracción de la carpeta investigativa.
- Este nombramiento es estratégico dentro de la FGR, pues tiene a su cargo la atención de casos de alta complejidad y relevancia nacional, así como la resolución de controversias competenciales entre fiscalías especializadas federales.
- La posición a Valenzuela Holguín parece no importarle, ya que ha mostrado una cerrazón total, aun bajo al mandato judicial de la Federación.
Con información de Zone Free
Nacional
SE CAE EL MONTAJE JUDICIAL DEL GOBIERNO DE CHIHUAHUA CONTRA CORRAL
La justicia federal interviene luego de que autoridades locales bloquearan pruebas y restringieran derechos fundamentales de la defensa.
Un Tribunal federal ordenó a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y a un Juez de Control desistirse del presunto caso de peculado contra Javier Corral y remitir los expedientes a la Fiscalía General de la República, que solicitó la facultad de atracción.
- La resolución permitirá que las autoridades federales analicen las pruebas y alegatos de las partes para resolver conforme a Derecho, lo cual no sucedió en el ámbito local.
- El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, fabricó un caso de supuesto pueculado en contra de Javier Corral, por instrucciones de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, con relación al refinanciamiento de la deuda pública en 2019.
El despacho Schütte y Delsol Abogados, que lleva la defensa jurídica del senador Javier Corral, emitió el siguiente comunicado para informar de la situación del caso:
- En relación con la persecución política del Senador Javier Corral, informamos que el día de hoy, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, resolvió el conflicto competencial 20/2025, declarando la competencia del fuero federal para conocer del supuesto delito de peculado imputado a Javier Corral y otros.
- Esto ocurrió después de que esta defensa solicitara a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer su facultad de atracción en el asunto.
- La solicitud se sustentó en diversos y sólidos fundamentos legales, pero sobre todo, en que los fines constitucionales del proceso penal, y los derechos de las víctimas y la sociedad a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño, no se iban a cumplir en Chihuahua, en donde ni siquiera se había permitido a los imputados presentar pruebas y argumentos.
- La competencia federal se buscó para tener un tribunal que los escuche, para que una autoridad les permita defenderse, y para que el asunto se resuelva conforme a Derecho.
- La FGR determinó ejercer la facultad de atracción y dos jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación también consideraron que la competencia era federal.
- Después de muchas horas de audiencias, alegatos y pruebas de las partes, se ordenó a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y al Juez de Control local desistirse del conocimiento del asunto y remitir los expedientes.
- Hoy el Tribunal Colegiado confirma este criterio.
- Ahora las autoridades federales estarán en condiciones de analizar las pruebas y alegatos de las partes para resolver conforme a Derecho.
- Confiamos en que constatarán la absoluta inocencia de Javier Corral frente a las injustas acusaciones de las autoridades de Chihuahua, y que esto será también la base para desenmascarar la brutal fabricación de un delito a quien encabezó uno de los mayores esfuerzos en el país en contra de la corrupción política, como lo hemos denunciado ante la propia FGR, que al día de hoy investiga las múltiples violaciones legales y de derechos humanos cometidas por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y otros funcionarios estatales.
Con información de “zonafree.mx”
Justicia
Denuncias internas señalan imposición y violencia en la dirigencia de la CROC
Conflictos internos en la CROC se han intensificado tras denuncias que acusan a Isaías González Cuevas de actuar con imposición y recurrir a la violencia en contra de instalaciones sindicales en distintos estados.
Según las versiones difundidas por sectores internos, las acciones habrían tenido lugar en entidades estratégicas como Veracruz, Nuevo León y Jalisco, donde se reportaron intervenciones directas que ignoraron los procedimientos estatutarios. Los denunciantes sostienen que estas prácticas rompieron con la vida democrática del sindicato.
Analistas laborales señalan que el uso de la fuerza dentro de organizaciones sindicales representa una señal de deterioro institucional, ya que sustituye el diálogo y los mecanismos internos por prácticas coercitivas. Este escenario, advierten, genera fracturas profundas difíciles de revertir.
Las denuncias también destacan que la imposición de decisiones habría sido constante, provocando el desplazamiento de liderazgos locales y el desconocimiento de acuerdos internos.
El conflicto ha derivado en exigencias de destitución y en llamados a restablecer el respeto a los estatutos y a la legalidad sindical.
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