La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recibió con “beneplácito” la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de suspender de forma indefinida la aplicación de la ley de Texas SB4, que permite a la policía detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar ilegalmente a ese país.

Mediante su cuenta de X (antes Twitter), la canciller Alicia Bárcena celebró la decisión de la Corte de ampliar la suspensión temporal de la legislación, y dijo que “abordar las causas estructurales de la migración es la respuesta”

“No [a] la criminalización de migrantes que tanto aportan a sus comunidades. !No están solas, no están solos!”, apuntó.

Por su parte, la SRE aseguró en un comunicado que la legislación “criminaliza la estancia de personas indocumentadas en el estado”.

“La ley fue señalada como inconstitucional al otorgar facultades a autoridades estatales y locales para ejercer acciones migratorias, capacidad exclusiva de autoridades federales de Estados Unidos”, enfatizó.

La cancillería apuntó que “México hace votos por la cooperación internacional para el desarrollo para abordar juntos las causas estructurales de la movilidad humana, un fenómeno a gestionar de manera compartida”.

Además, rechazó cualquier iniciativa que criminalice la migración, la separación de familias, la discriminación o el perfilamiento racial que atenta contra los derechos humanos de las personas, al tiempo que adelantó que la institución “continuará velando por la protección consular de las y los mexicanos en donde quiera que se encuentren”.

La Corte Suprema de Estados Unidos amplió la prohibición de entrada en vigor de la ley, que debía empezarse a aplicar a partir del lunes y que fue impugnada por el Gobierno del presidente Joe Biden.

El juez Samuel Alito puso en pausa indefinidamente la entrada en vigor de la ley mientras la Corte escucha los argumentos de las dos partes.

El caso llegó al máximo tribunal después de una batalla legal emprendida por la Administración Biden y defensores de los inmigrantes encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que alegan que la iniciativa es inconstitucional.

La ley, una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, inicialmente debía entrar en vigor el pasado 5 de marzo, pero un juez federal se puso del lado de los demandantes y la prohibió.

El fiscal de Texas, Ken Paxton, llevó la pelea al Quinto Circuito de Apelaciones donde obtuvo respaldo, por lo que los demandantes acudieron al Supremo para evitar que entrara en vigencia la ley.

Alito ya había puesto un alto a la ley en dos ocasiones pero ayer puso un bloqueo indefinido mientras se evalúa el caso.

La ley convierte en delito menor el que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.

La iniciativa también permite que la Justicia estatal ordene la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.

El republicano Paxton ha advertido en varias ocasiones que seguirá defendiendo la medida, impulsada por el gobernador Greg Abbott como parte de su estrategia de seguridad para la frontera.

Por su parte, los demandantes han advertido que la ley “conducirá a la discriminación racial” en todo el estado, en especial contra los hispanos.