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Nacional

AMLO va por Plan C tras anulación de la Suprema Corte del Plan B

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Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó públicamente recurrir a un decreto para reformar la integración de la Suprema Corte de Justicia luego de que ayer anuló la segunda parte de su Plan B electoral. En su lugar insistiendo en el denominado Plan C para que la ciudadanía elija a los miembros del Poder Judicial.

Durante la conferencia mañanera de este viernes desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, López Obrador rechazó la posibilidad de recurrir a un decreto para cambiar a los actuales miembros del Poder Judicial y en particular de la Suprema Corte. Argumentando que su Gobierno respeta la división de poderes y que, de hacerlo, la oposición lo acusaría de ser un dictador.

“Si yo emito un decreto, hago lo que en su momento llevó a la práctica Zedillo de desaparecer la Suprema Corte y renovarla con otros ministros despidiendo a los que estaban pagándoles muy bien por su retiro, pues imagínense. Pondrían el grito en el cielo porque así son de hipócritas los conservadores, su verdadera doctrina es la hipocresía”, dijo López Obrador.

López Obrador reiteró su intención de llevar a cabo el Plan C, que sin cerrarse a un tema en específico, consta de lograr la mayor cantidad de puestos de elección popular en las votaciones de 2024 para así obtener una mayoría calificada en el Poder Legislativo y poder llevar a cabo reformas a nivel constitucional.

“Voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución, espero que para entonces en el Poder Legislativo haya una mayoría calificada que impulse la transformación, la purificación definitiva del gobierno y que se elijan a los jueces, magistrados y ministros como se hizo en la época del presidente Benito Juárez”, mencionó.

El mandatario volvió a acusar que el Poder Judicial fue la “moneda de cambio” que Carlos Salinas dio al Partido Acción Nacional (PAN) a cambio de su apoyo. Razón por la que actualmente se encuentra controlado por “abogados conservadores, reaccionarios, enemigos del pueblo, defensores de corruptos, de las minorías, gente nada más interesada en el dinero”.

Además, reprochó la supuesta violación constitucional de diversos funcionarios, en especial los ministros de la SCJN, al artículo 127 que indica que ningún funcionario debe ganar más que el presidente de la República.

¿QUÉ ES EL “PLAN C” DE AMLO?

Su “Plan C”, el cual consiste en que los mexicanos voten por ‘carro completo’ en 2024, es decir, no solo por el candidato de Morena a la Presidencia, también por sus diputados y senadores.

Para modificar cambios a leyes secundarias basta con una mayoría absoluta compuesta por la mitad más uno de los diputados o senadores, sin embargo, cuando se trata de cambios constitucionales se requiere del voto de las dos terceras partes.

“Primero que se tenga mayoría calificada en el Congreso para que se puedan hacer reformas a la Constitución, porque la mayoría simple no permite que haya reformas a la Constitución. Actualmente quienes están por la transformación del país tienen mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero no tienen mayoría calificada, porque la mayoría calificada implica no 50% más uno, sino dos terceras partes de los votos y la Constitución solo se reforma cuando se tiene esa mayoría calificada. De 500 diputados, 300 son de mayoría y 200 plurinominal. Para poder reformar la Constitución se necesitan 334, hay que ir por los 334 en la próxima elección para poder llevar a cabo reformas constitucionales, ése es el Plan C”, explicó hace unos meses durante su conferencia matutina.

Hoy la composición actual si bien favorece a Morena y aliados, no les permite hacer cambios constitucionales.

En Cámara de Diputados ese bloque cuenta con 55% de los escaños, mientras que en el Senado tienen el 59%.

La falta de esa mayoría calificada propició las primeras derrotas de López Obrador en el Congreso como sucedió con su reforma constitucional para reformar el marco eléctrico y la reforma electoral.

¿PUEDE IR A LAS URNAS?

El presidente Andrés Manuel López Obrador confía que en las urnas la gente vote parejo por su partido en la jornada electoral de 2024 y confía en que los ciudadanos les darían su voto y confianza.

“Si hoy fuesen las elecciones, se alcanza, porque en las encuestas la gente está a favor de la transformación, hay encuestas en donde tenemos una aprobación hasta del 80 por ciento. Ayer estaba yo viendo una encuesta de María de las Heras. Entonces, nada más es informarle a la gente. Porque puede ser: a ver, voto cruzado, sí para presidente, pero no para diputado, no para senador. No. Si no se fortalece el Congreso, si no se tienen las dos terceras partes, pues el presidente queda atado”, dijo.

¿UN MES BASTA PARA SER APROBADAS SUS INICIATIVAS?

Algunas de las iniciativas que llegan al Congreso toman meses en ser analizadas y aprobadas o rechazadas. Sin embargo, existe un trámite preferente al cual puede recurrir el presidente de la República para que una o dos iniciativas puedan ser discutidas en máximo 31 días, pero ninguna de ellas puede ser constitucional.

“Se establece que cada iniciativa será discutida y votada por el Pleno de la cámara de origen en un plazo máximo de 31 días naturales. Si al término de este plazo no se hubiera discutido, ni votado, entonces deberá ser el primer asunto en abordarse en la siguiente sesión del Pleno y de ser aprobado o modificado tendrá que ser turnado a la cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las mismas condiciones que en la cámara de origen”.

Este tipo de iniciativas deben ser presentadas el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones con el objetivo de agilizar los proyectos que el presidente de la República considere primordiales para la nación.

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Justicia

Fiscalía anticorrupción como arma política: Valenzuela y el silencio cómplice de la gobernadora

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Mientras la Federación advierte posibles sanciones, el gobierno de Chihuahua guarda silencio y respalda de facto a un fiscal acusado de fabricar delitos.

Un nuevo foco de tensión institucional se ha desatado entre la Fiscalía General de la República, a través de su recién nombrado Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, y la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín.

  • La disputa se centra en la entrega de la carpeta de investigación vinculada a presuntos actos de corrupción contra el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.

Implicaciones legales y políticas: El choque entre ambas fiscalías no solo tiene aristas jurídicas, sino también políticas.

  • El affaire ha generado cuestionamientos sobre la independencia de las instituciones judiciales y la posible politización de las indagatorias.
  • Para algunos analistas, la reticencia del fiscal estatal de Chihuahua a entregar la carpeta podría derivar no solo de interpretaciones legales, sino también en hacerse acreedor a sanciones de alto impacto, que irían desde multas, arresto o incluso el riesgo de ser destituido de su encargo, por desacato judicial.
  • Las decisiones de los tribunales en relación con la atracción del caso deberán ser observadas con atención, pues podrían sentar precedentes sobre la coordinación y límites competenciales entre autoridades estatales y la Fiscalía General de la República en investigaciones por corrupción.
  • Pero también, en el foco de una administración panista cubierta de opacidad y despilfarro por parte de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
  • Al momento de esta publicación, la carpeta de investigación permanece bajo controversia entre la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y la FGR, mientras se esperan resoluciones legales y posibles sanciones contra Valenzuela Holguín por desacato y un sin número de anomalías presentadas en la investigación de la Fiscalía de Chihuahua.

La disputa: Según fuentes del caso, radicadas en Chihuahua, un Tribunal Colegiado de Circuito otorgó la atracción de la carpeta de investigación.

  • La atracción implica que la Fiscalía General de la República tendría la facultad de asumir la investigación del expediente por posibles vicios y elementos que podrían comprometer la legalidad y objetividad de las actuaciones locales.
  • Ha sido reiterado en denuncias en medios de la CDMX la fabricación de testigos, la manipulación de testigos y acusaciones sin sustento de las que la Fiscalía a cargo de Valenzuela Holguín ha sido evidenciado.
  • Sin embargo, Abelardo Valenzuela Holguín se ha negado a entregar la carpeta, pasando por encima de autoridades Federales.

Contexto institucional: Recientemente, Ulises Lara López fue designado por la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, como Titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, lo que lo coloca como actor clave en la disputa por la atracción de la carpeta investigativa.

  • Este nombramiento es estratégico dentro de la FGR, pues tiene a su cargo la atención de casos de alta complejidad y relevancia nacional, así como la resolución de controversias competenciales entre fiscalías especializadas federales.
  • La posición a Valenzuela Holguín parece no importarle, ya que ha mostrado una cerrazón total, aun bajo al mandato judicial de la Federación.

Con información de Zone Free

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Nacional

SE CAE EL MONTAJE JUDICIAL DEL GOBIERNO DE CHIHUAHUA CONTRA CORRAL

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La justicia federal interviene luego de que autoridades locales bloquearan pruebas y restringieran derechos fundamentales de la defensa.

Un Tribunal federal ordenó a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y a un Juez de Control desistirse del presunto caso de peculado contra Javier Corral y remitir los expedientes a la Fiscalía General de la República, que solicitó la facultad de atracción.

  • La resolución permitirá que las autoridades federales analicen las pruebas y alegatos de las partes para resolver conforme a Derecho, lo cual no sucedió en el ámbito local.
  • El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, fabricó un caso de supuesto pueculado en contra de Javier Corral, por instrucciones de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, con relación al refinanciamiento de la deuda pública en 2019.

El despacho Schütte y Delsol Abogados, que lleva la defensa jurídica del senador Javier Corral, emitió el siguiente comunicado para informar de la situación del caso:

  • En relación con la persecución política del Senador Javier Corral, informamos que el día de hoy, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, resolvió el conflicto competencial 20/2025, declarando la competencia del fuero federal para conocer del supuesto delito de peculado imputado a Javier Corral y otros.
  • Esto ocurrió después de que esta defensa solicitara a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer su facultad de atracción en el asunto.
  • La solicitud se sustentó en diversos y sólidos fundamentos legales, pero sobre todo, en que los fines constitucionales del proceso penal, y los derechos de las víctimas y la sociedad a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño, no se iban a cumplir en Chihuahua, en donde ni siquiera se había permitido a los imputados presentar pruebas y argumentos.
  • La competencia federal se buscó para tener un tribunal que los escuche, para que una autoridad les permita defenderse, y para que el asunto se resuelva conforme a Derecho.
  • La FGR determinó ejercer la facultad de atracción y dos jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación también consideraron que la competencia era federal.
  • Después de muchas horas de audiencias, alegatos y pruebas de las partes, se ordenó a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y al Juez de Control local desistirse del conocimiento del asunto y remitir los expedientes.
  • Hoy el Tribunal Colegiado confirma este criterio.
  • Ahora las autoridades federales estarán en condiciones de analizar las pruebas y alegatos de las partes para resolver conforme a Derecho.
  • Confiamos en que constatarán la absoluta inocencia de Javier Corral frente a las injustas acusaciones de las autoridades de Chihuahua, y que esto será también la base para desenmascarar la brutal fabricación de un delito a quien encabezó uno de los mayores esfuerzos en el país en contra de la corrupción política, como lo hemos denunciado ante la propia FGR, que al día de hoy investiga las múltiples violaciones legales y de derechos humanos cometidas por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y otros funcionarios estatales.

Con información de “zonafree.mx”

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Justicia

Denuncias internas señalan imposición y violencia en la dirigencia de la CROC

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Conflictos internos en la CROC se han intensificado tras denuncias que acusan a Isaías González Cuevas de actuar con imposición y recurrir a la violencia en contra de instalaciones sindicales en distintos estados.

Según las versiones difundidas por sectores internos, las acciones habrían tenido lugar en entidades estratégicas como Veracruz, Nuevo León y Jalisco, donde se reportaron intervenciones directas que ignoraron los procedimientos estatutarios. Los denunciantes sostienen que estas prácticas rompieron con la vida democrática del sindicato.

Analistas laborales señalan que el uso de la fuerza dentro de organizaciones sindicales representa una señal de deterioro institucional, ya que sustituye el diálogo y los mecanismos internos por prácticas coercitivas. Este escenario, advierten, genera fracturas profundas difíciles de revertir.

Las denuncias también destacan que la imposición de decisiones habría sido constante, provocando el desplazamiento de liderazgos locales y el desconocimiento de acuerdos internos.

El conflicto ha derivado en exigencias de destitución y en llamados a restablecer el respeto a los estatutos y a la legalidad sindical.

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