En 2007, Valenzuela Holguín se negó a aclarar un resultado de antidoping que manchó su nombre. Hoy, como máxima autoridad anticorrupción, su silencio y su pasado son una ofensa a la justicia. Esto no es un accidente, es un patrón.

Hay asuntos que la política intenta sepultar, pero que la ética se empeña en exhumar. El caso de Abelardo Valenzuela Holguín, actual fiscal Anticorrupción de Chihuahua, es uno de ellos. En el invierno de 2007, cuando aspiraba a la dirigencia municipal del PAN en Ciudad Juárez, su nombre quedó vinculado a un escándalo de antidoping que él mismo se encargó de enredar, negando a la opinión pública una respuesta clara y definitiva. Hoy, ocupando un cargo que exige una pureza de manos intachable, su pasado no es un simple capítulo olvidado; es una cuestión de Estado.

El Doping como Síntoma de una Ética Fracturada

El examen antidoping no era un trámite menor. En el contexto de una elección interna, la medida buscaba asegurar que quienes aspiraban a dirigir un partido político cumplieran con estándares mínimos de integridad y salud. Para cuatro de los cinco aspirantes, la prueba fue superada sin contratiempos, y sus resultados negativos se hicieron públicos, un acto de transparencia básica.
Sin embargo, el resultado atribuido a Abelardo Valenzuela Holguín desató una tormenta. Ante la posibilidad de un resultado adverso —cuya naturaleza exacta nunca se aclaró—, su reacción no fue la de un hombre con la conciencia tranquila. En lugar de someterse a una contraprueba, como dicta el más elemental sentido común y como exige cualquier persona que valore su reputación, Valenzuela optó por una estrategia de dilación y desconfianza.

Su argumento fue técnico pero vacío: cuestionó la “cadena de custodia” y las “garantías del proceso”. Sin embargo, este cuestionamiento solo tenía sentido si el procedimiento fue irregular para todos. Los hechos muestran que no fue así. Los otros cuatro aspirantes aceptaron las reglas y los resultados. Solo él, el único señalado, encontró vicios de forma. Esto no es una coincidencia; es un indicio grave de que el resultado no le favorecía y de que su prioridad no era la verdad, sino protegerse a sí mismo.

¿Por qué es tan grave para un Fiscal?

La gravedad del asunto trasciende el ámbito partidista. Un fiscal Anticorrupción no es un político cualquiera. Es la persona encargada de perseguir el delito, de exigir cuentas a los poderosos y de encarnar la probidad del sistema de justicia. Su credibilidad es su única arma. Si un fiscal tiene un pasado de opacidad, su capacidad para señalar a otros se desvanece.

En el caso de Valenzuela, la pregunta es incómoda pero necesaria: ¿cómo puede investigar a funcionarios que ocultan información si él mismo, en 2007, se negó a dar la cara y aclarar un resultado de dopaje? ¿Cómo puede exigir transparencia en la cadena de custodia de evidencias si él puso en duda la de su propia muestra sin ofrecer pruebas? Su defensa en aquel entonces fue un golpe de autoridad, un “yo no acepto estas reglas” que, visto desde la perspectiva actual, revela un patrón de conducta: la verdad solo importa cuando es conveniente.

El Patrón de un Político Acorralado

El expediente de 2007 muestra a un Valenzuela que, ante la primera señal de escrutinio público, recurrió a la victimización y al cuestionamiento de las instituciones. No pidió una nueva prueba con la urgencia de quien quiere limpiar su nombre; al contrario, se encerró en una postura de resistencia que forzó al partido a cancelar la elección y a pedirle, casi de rodillas, que se sometiera a un nuevo examen.
Esa actitud es la de un político que usa su posición como escudo, no como un espacio de rendición de cuentas. El hecho de que hoy ocupe la fiscalía Anticorrupción convierte aquel episodio en un asunto de interés público. No es un chisme político; es un antecedente que pone en duda su idoneidad para el cargo.

La Deuda con la Verdad

La cobertura de El Diario, señalada ahora como cooptada por el gobierno estatal, y el rescate de Zona Free, nos permiten reconstruir estos hechos. El silencio de Valenzuela sobre lo que realmente ocurrió con aquella prueba es ensordecedor. Mientras no haya una explicación clara, su nombre seguirá ligado a la sombra de la duda.
En un estado donde la corrupción es un lastre histórico, la figura del fiscal debería ser un faro. Pero si el faro está empañado por un pasado de opacidad, ¿a quién puede guiar? Abelardo Valenzuela Holguín debe una explicación a los chihuahuenses. No por lo que pasó en 2007, sino por lo que su silencio dice de él hoy. Un fiscal con un expediente sin aclarar es una contradicción en sí mismo, una burla al sistema que dice defender. Fuente: Zona Free, basado en la cobertura de El Diario (señalada como cooptada por la gobernadora María Eugenia Campos).

La huelga de Nacional Monte de Piedad acumula más de ocho meses de desgaste, pero detrás del conflicto laboral existe una pregunta que cada vez cobra más fuerza ¿Cuánto tiempo puede permanecer un sindicato sin rendir cuentas claras a sus propios trabajadores?

Arturo Zayún González ha encabezado durante años al sindicato mayoritario del Monte de Piedad. Publicaciones periodísticas han revelado que su permanencia al frente del sindicato supera las dos décadas que han estado acompañadas por señalamientos de opacidad en cuotas sindicales, uso de instalaciones sindicales y beneficios obtenidos de esos inmuebles para su círculo cercano, además de la  falta de claridad en el patrimonio asociado a él y a su familia.

La investigación de XPECTRO FM realizada en noviembre pasado y titulada “El Cártel Inmobiliario del Clan Zayún” señaló que el dirigente sindical y dos de sus hermanos habrían acumulado al menos 17 propiedades con valor superior a 300 millones de pesos. Código Magenta y Pulso SLP retomaron esa investigación, destacando que el patrimonio señalado incluiría casas, residencias, locales comerciales y fincas en San Luis Potosí y Quintana Roo.

Por separado, SDP Noticias publicó que trabajadores han exigido transparencia desde el año 2000 sobre el dinero del sindicato y sus propiedades, también señaló gastos millonarios en congresos, reuniones, viajes y presunto uso de instalaciones sindicales para eventos privados, sin que exista una rendición de cuentas clara para la base.

La dimensión pública del caso es evidente. El sindicato no es una organización privada sin impacto social. Sus decisiones han mantenido cerradas más de 300 sucursales de Nacional Monte de Piedad desde octubre de 2025, afectando a trabajadores, clientes y comunidades que dependen del crédito prendario.

En febrero de 2026, medios como La Jornada, El Economista y El Financiero publicaron que una autoridad judicial concedió un amparo a Nacional Monte de Piedad y declaró inexistente la huelga estallada el 1 de octubre de 2025. A pesar de ello, el conflicto continuó sin una solución definitiva por la decisión del dirigente sindical de llevar el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo, la discusión ya no puede centrarse sólo en lo que el sindicato exige a la institución. También debe incluir lo que la base trabajadora tiene derecho a exigirle a su dirigencia.

Después de ocho meses de huelga, Arturo Zayún debe responder tres preguntas básicas ¿Cuál es el origen del patrimonio que le atribuyen diversas investigaciones?, ¿En qué se han utilizado las cuotas sindicales durante más de dos décadas?, y ¿Por qué los trabajadores no han recibido una rendición de cuentas clara, completa y verificable?

La realidad del Monte de Piedad no es sólo una huelga prolongada, es también la historia de un sindicato que exige transparencia, pero que tiene cuentas pendientes con sus propios agremiados.

La polémica obliga a revisar si El Bayo y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua respetaron el marco constitucional vigente.

Especialistas señalan que El Bayo y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no acreditaron competencia territorial al intervenir en Morelos.

La actuación encabezada por Luis Abelardo Valenzuela Holguín, conocido como El Bayo, y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua incluyó la colocación de sellos en un inmueble federal fuera de su jurisdicción.
 Lo que ocurrió con el Centro Cultural Pedro López Elías, en Tepoztlán, Morelos, marca un punto de quiebre en la historia reciente del uso del poder penal en México.

• Por primera vez, una fiscalía estatal utilizó una biblioteca y centro cultural como instrumento de presión política, ejecutando un embargo fuera de su jurisdicción y luego retirándose en silencio cuando la ilegalidad quedó al descubierto.
• En octubre de 2025, agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín, arribaron a un inmueble que no pertenece a Chihuahua, no está en Chihuahua y no forma parte de ninguna investigación penal en Morelos, para colocar sellos de aseguramiento.
• El objetivo no era la justicia: era castigar al fundador del Centro, quien había denunciado redes de corrupción dentro del propio sistema de procuración de justicia en Chihuahua.
• Una operación jurídicamente insostenible: De acuerdo con especialistas en derecho constitucional y penal, el acto presenta múltiples irregularidades graves:
• Violación al principio de territorialidad: Una fiscalía estatal no puede ejecutar actos de autoridad en otro estado sin cooperación formal ni mandato judicial federal.
• Inexistencia de vínculo penal del inmueble: El Centro Cultural no estaba relacionado con ningún delito. No era cuerpo del delito ni instrumento ni producto de actividad ilícita.
• Violación al régimen de bienes culturales: Al tratarse de una biblioteca y espacio de acceso público, el inmueble goza de una protección reforzada por leyes culturales y derechos humanos.

• Pese a todo ello, los sellos fueron colocados con un despliegue mediático calculado, presentando al centro como parte de una supuesta operación anticorrupción.

El silencio que delató el abuso: Pero semanas después ocurrió algo que cambió por completo el caso, los sellos fueron retirados en secreto. No hubo:

• Boletines oficiales
• Actas públicas
• Explicación jurídica
• Notificación a autoridades culturales
• Rendición de cuentas
• La fiscalía que había hecho tanto ruido al asegurar el inmueble, optó por desaparecer el acto como si nunca hubiera ocurrido.

Para expertos, este patrón es típico de una operación fallida de persecución:

• “Se actúa con estruendo para intimidar y dañar reputaciones. Cuando la ilegalidad se vuelve evidente, se retrocede en silencio para evitar responsabilidades”.

Morelos, del Estado Soberano al territorio sin ley: Tan grave como el abuso de la Fiscalía de Chihuahua fue la pasividad del Gobierno de Morelos. Durante días y semanas, ninguna autoridad estatal:

• Cuestionó la competencia de Chihuahua.
• Defendió la soberanía de su territorio.
• Protegió un bien cultural de acceso público.
• Exigió documentación judicial.

La omisión permitió que una fiscalía ajena operara como si Morelos fuera tierra de nadie. Funcionarios del sector cultural consultados señalan que esta inacción equivale a complicidad institucional:

• “Cuando el Estado no protege una biblioteca frente a un abuso, está renunciando a su deber constitucional”.

Una biblioteca como rehén: En los hechos, el Centro Cultural Pedro López Elías fue utilizado como rehén político.

• No importaba su función educativa, social o comunitaria: era un bien valioso que podía ser golpeado para enviar un mensaje.

El mensaje fue claro: “Si denuncias corrupción, te quitamos lo que más te importa”.

• Ese es el verdadero significado del embargo y de su posterior desaparición.

Un precedente peligroso: Juristas advierten que si este caso queda impune, se habrá creado un precedente devastador:

• “Cualquier fiscal podrá ir a otro estado, tomar una universidad, una biblioteca o un museo, y luego retirarse sin consecuencias”.
• Lo ocurrido en Tepoztlán ya no es un pleito legal, es una prueba de si México sigue siendo una república federal o si ha comenzado a tolerar feudos judiciales.