Educación
Combate UAN el tráfico con materias optativas
Un juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra de dos estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) por su probable participación en el delito de usurpación de funciones públicas o de profesión.
Se trata de Abel “N” y Noemí “N”, el primero de los cuales anteriormente formó parte de un comité estudiantil, mientras la otra fue integrante del Consejo General Universitario.
De acuerdo con la formulación de imputación que la semana pasada presentó una agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), el problema se centró en que sin tener facultades los estudiantes se involucraron en la promoción de materias optativas, por las que, se dijo, unos mil 400 alumnos de distintas carreras realizaron pagos de entre 200 y 250 pesos a cuentas personales.
La Universidad se deslindó del asunto y de hecho presentó la respectiva denuncia, a la que se sumaron varios estudiantes cuyas materias optativas no fueron validadas por las unidades académicas.
La narración ministerial reconstruyó que en meses de septiembre y octubre del 2023, jefes de grupo de diversas carreras recibieron mensajes de Whatsapp para que hicieran correr la voz entre sus compañeros sobre materias optativas; sin embargo, diversos funcionarios de la Universidad que fueron entrevistados por la Fiscalía insistieron que se trata de una tarea exclusiva de la casa de estudios y que no se debe cobrar.
La Fiscalía identificó dos números de cuenta a la que se hicieron depósitos y que no pertenecen a la Universidad. La casa de estudios busca erradicar esta mala práctica y que habría ocurrido durante años a través de comités estudiantiles.
Durante la audiencia de imputación del viernes 15, los estudiantes comparecieron al Centro Regional de Justicia Penal de manera voluntaria, previo citatorio.
El juez de Control determinó no vincular a proceso a otra estudiante que también fue imputada.
El juez impuso la medida cautelar de presentarse a firmar cada 15 días mientras transcurre el proceso, además de cumplir con una garantía económica de cinco mil pesos, lo mismo que no acercarse a los testigos de estos hechos.